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jueves, 24 de mayo de 2012

Sistema Penal Colombiano




Colombia se ha comprometido a construir un sistema de justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas garantizarán que el sistema sea transparente como accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un elemento clave en el restablecimiento de la confianza del público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran el sistema de justicia penal en su totalidad. Igualmente, afectan una serie de dependencias del gobierno en las tres ramas de su actividad. La rama ejecutiva trabaja estrechamente con la legislativa y la rama judicial para asegurar una efectiva coordinación e implantación de estas estrategias.

Gracias al sistema penal acusatorio relativamente nuevo casos que se resolvían en el sistema mixto en años, ahora se resuelve en meses, pero es realmente eficiente?

Para responder estas preguntas existen varios escenarios en los que se podrían responder esta pregunta:

1.       Robo de celulares: Actualmente las penas que se dan a delincuentes que son capturados cometiendo este delito son puestos en libertad en tres o cuatros horas, lo cual es inaudito, ya que por estos deficientes castigos impuestos a estas personas, día a día estamos observando el incremento en robo a personas para quitarles los aparatos, e incluso se ha llegado al homicidio por un simple teléfono.

Para contrarrestar y reducir un poco las estadísticas en este mecanismo delictivo, se deben endurecer las penas impuestas a personas que sean capturadas infraganti y darles penas ejemplares para frenar este delito.

En este punto también podríamos incluir los deficientes castigos para el robo de autopartes de carros y vehículos de movilidad, que la igual que para el caso anterior vemos que las penas son insólitas, y que como consecuencia a esto se han ido aumentando los casos de robo a los automotores.

Actualmente está en debato una ley para endurecer los castigos para estos dos delitos en donde si un delincuente es sancionado robando un celular, podrá ser condenado a 15 o 20 días de cárcel, pero si reincide en el delito después de recuperar su libertad, purgará una condena de hasta de 4 años y si vuelve a reincidir en la conducta delictiva, podrá ser condenado hasta a 8 años de prisión.[1]

Pero hasta que esto entre en vigencia hay que tomar medidas drásticas contra el hurto de celulares y autopartes.

2.       Abuso de menores de edad: El abuso sexual se ha incrementado y eso, sólo en los casos conocidos aunque probablemente ello representa únicamente una pequeña parte de incidencia real, que día a día vemos numerosos casos en donde no hay un castigo ejemplar contra estos delicuentes. Es bien sabido que en nuestro país actualmente las penas para sindicados de abuso o asalto sexual contra menores de edad son muy flexibles.

Probablemente en una sociedad como la nuestra, la cual está acostumbrada a pasar casi desapercibido este tipo de hechos, y es por esto que se tiene una corta historia como objeto de atención de profesionales con respecto a esto, los cuales siempre piden una rehabilitación para el sujeto abusador, tolerancia o poca atención a estos hechos.

Debido al incremento estos casos, cada vez más comunes, debemos tomar cartas en el asunto, pero que se puede hacer?

Primero que todo hay que endurecer las penas y castigos para estos individuos, que los tiempos de cárcel sean mucho mayores, hemos visto casos en donde a un violador y asesino de un niño se le imponen de 10 a 15 años es esto suficiente para pagar por el crimen?

Segundo también es de conocimiento público que una persona que comete este delito, es una persona enferma y de esta forma se deben tomar, además de una fuerte condena se deben implementar terapias sicológicas y siquiátricas para manejar esta anomalía de la personalidad, brindando un seguimiento continúo al delincuente, para que cuando cumplan su tiempo de condena puedan ser reinsertados a la vida social.

3.       Venta ilegal de armas: La venta y portación de armas de fuego es un delito que afecta gravemente a la sociedad ya que aumenta el nivel de riesgo civil por ende incrementa el índice de delitos derivados de esta actividad tales como narcotráfico, narcomenudeo, asaltos, robos, homicidios e incluso suicidios.

Debido a que no se tiene un control sobre las armas que se tienen dentro de una ciudad, es más difícil que las fuerzas policiales o militares tengan una efectiva intervención en el caso de tratar de neutralizar un delito efectuado a mano armada, ya que se ha comprobado que la mayoría de las veces los delincuentes que portan armas de fuego para realizar delitos llegan a tener mas y mejores armas de las que la autoridad competente puede utilizar en el momento.[2]

Por este hecho en donde actualmente la pena para este delito es de 9 a 12 años de cárcel, pero que para la realidad de nuestra sociedad no se aplican efectivamente, se podría decir que la pena concuerda con el tipo de delito, pero que es poco aplicable por lo mencionado anteriormente lo cual es que al no tener el censo de la cantidad de armas existentes es muy difícil controlar la venta indiscriminada de armas, consecuente a esto lo primordial es empezar por saber con cuantas armas legales contamos.

4.       Venta ilegal de medicamentos: En nuestro país existe un mercado negro de elaboración y venta de medicamentos adulterados, lo que implica un problema directo en la salud de nuestros habitantes.

Al igual que en los casos anteriores se debe tener mano dura en el momento de imponer penas a delincuentes que cometan este delito, además de esto se deben aumentar las investigaciones para poder encontrar posibles fábricas ilegales de productos farmacéuticos para evitar que salgan al mercado y que causen una tragedia por intoxicación.

Como vemos estos son sólo algunos casos en donde nuestro sistema penal es muy deficiente ya sea por abuso de las suspensiones y los aplazamientos de las audiencias orales y la lectura de las intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos 'a formato' que no están orientados a la resolución del caso en concreto, la falta de filtros para las denuncias por conductas que no constituyen delito y la deficiente aplicación del principio de oportunidad[3], todo esto afecta un debido y eficiente proceso lo cual finalizará con una pena mal impuesta y posiblemente injusta.




[1] http://www.rcnradio.com/node/99324
[2] http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/abc-ley-seguridad-ciudadana-en-colombia
[3] http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/tres-fallas-aquejan-sistema-penal-acusatorio-colombia

jueves, 19 de abril de 2012

Justicia Colombiana?


Nuestro país está lleno de impunidades e injusticias hay muchos delitos que las penas son insuficientes o flexibles por lo que se siguen presentando, está el ejemplo de la corrupción y la violación y abuso de menores.

Aunque la corrupción en Colombia procede desde la creación misma del Estado e incluso antes, es en la actualidad cuando el problema parece acentuarse, y se devela la ineficacia de las estrategias anticorrupción implementadas en el país a lo largo de su historia.[1]

Según datos de la Contraloría, entre el 2009 y julio de 2011, se detectó a 10,659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades, de los cuales la mayor parte pertenecía a los gobiernos locales (38%), ministerios (20%) y universidades públicas (16%).[2]

Las penas estipuladas varían de acuerdo al tipo de corrupción:

·         Peculado por apropiación: 6 a 15 años de prisión, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones publicas de 6 a 15 años.
·         Peculado por extensión: Prisión de 4 a 8 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales y legales vigentes, interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo término de la pena principal.
·         Cohecho propio: Prisión de 4 a 8 anos, multa de 50 o 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo término de la pena principal.
·         Cohecho impropio: Prisión de 1 a 5 años, multa de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y funciones publicas hasta por el mismo término.
·         Cohecho Por Dar U Ofrecer: Prisión de 3 a 6 anos multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo termino.

Estas son solo algunas de las penas que adjudican para casos de corrupción en nuestro país pero son realmente suficientes y eficaces para combatir este delito?

A parte de estas penas existen soluciones a corto, mediano y largo plazo. De inmediato debemos romper el silencio, dejar el conformismo y la indiferencia. Denunciar, fijar posiciones. Entender que el país no sólo le pertenece a esos pocos inescrupulosos y clanes familiares mafiosos que se lo reparten o a esos pocos soñadores y valientes que a diario luchan por un país más digno y más justo. El país es de todos y como tal nos debe doler a todos. Corresponde a las autoridades velar por reducir la impunidad, aplicar penas ejemplares y legislar para hacer cada vez más difícil el accionar de los corruptos.
A mediano plazo debemos involucrarnos, como sociedad  en un proyecto organizado, sostenido y decidido de resistencia civil que empodere al ciudadano para que ejerza con criterio y dignidad sus deberes y exija con firmeza y valentía sus derechos. Se hace necesario emprender campañas pedagógicas sobre la pureza del voto, el sagrado ejercicio de elegir a ciudadanos honorables y eficientes y el uso eficaz de los mecanismos de participación ciudadana como el referendo, la acción popular, la revocatoria del mandato, entre otros, para hacer posible las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que gobiernos corruptos o legisladores en conflicto de interés no sean capaces de impulsar.
A largo plazo involucrarnos en un proyecto educativo moderno, con calidad, cobertura y gratuidad, que nos entregue una nueva generación formada en el respeto por la vida y el bien ajeno. Una generación con cultura ciudadana y criterio a la hora de elegir a sus gobernantes. Una nueva generación que empuje el desarrollo del país haciéndolo más competitivo e insertándolo entre las economías con mejores índices de desarrollo humano.[3]
Por otro lado para el caso de las condenas para los violadores de niños en la legislación Colombiana no existen ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. La condena máxima es de 60 años, un pena que si bien es severa, en ocasiones se ve beneficiada por el régimen de rebajas y otras posibilidades jurídicas existentes en el país, que matizan estas penas, volviéndolas más blandas y finalmente reduciéndolas.
Aunque hay que aclarar que existen otras medidas que impiden a algunos condenados ser beneficiarios de las rebajas, pero siempre estará la puerta abierta para que algún juez, otorgue dichos beneficios a criminales atroces.[4]

Este delito que afecta a todos los países del mundo tiene a los gobiernos reglamentando las penas para violadores y asesinos de niños, para generar marcos legales específicos que regulen las acciones en estos casos. Así va la discusión en algunos países: [5]

Rusia: en mayo, el presidente ruso, Dmitri Medvedev, se mostró a favor de introducir la castración química para castigar a abusadores de niños.
Estados Unidos: la Corte Suprema de Justicia dictaminó, en el 2008, que no debe aplicarse la pena de muerte a violadores de niños; en seis estados se han probado legislaciones sobre castración química.
Polonia: en el 2009, aprobó una ley que prevé la castración química obligatoria por la violación de niños menores de 15 años y por incesto.
Perú, México y Bolivia: han discutido la adopción de la castración química e incluso de la pena de muerte, pero las iniciativas no han prosperado.[6]

Entonces ante el aumento de los crímenes y abusos cometidos contra los menores de edad surge la pregunta de si nuestro sistema penal es lo suficientemente efectivo para combatir dichos delitos.

Si bien es sabido que adicional a la pena de prisión que se impone por el delito y la para la cual se ha propuesto la cadena perpetua también se propone un tratamiento sicológico, expertos aseguran que no hay tratamiento efectivo para curar a los violadores y que las personas acusadas de violación deben permanecer encerradas y bajo tratamiento psiquiátrico, porque representan un peligro para la sociedad.[7]

También se ha discutido la castración química, la cual es una alternativa para reprimir el instinto sexual animal y el líbido, pero que en las relaciones normales de los humanos, hay sentimientos de amor y atracción inexistentes en los violadores, quienes actúan bajo el odio y la rabia.

Para finalizar y según los dos ejemplos anteriores podemos ver que nuestro sistema penal actualmente es muy flexible y obsoleto para muchos de los delitos que se presentan en nuestro país, debemos actualizar y endurecer los castigos porque mientras se sigan presentando estos casos de impunidad va a seguirse dando casos de violación a los derechos humanos, robos, etc.



[1] http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1755
[2] http://peru21.pe/2012/01/15/actualidad/contraloria-pide-elevar-penas-corrupcion-2007606
[3] http://marchadelosantifaces.org/la-corrupcion/
[4] http://www.uniderecho.com/leer_ley_Ley-En-Colombia_19_1455.html
[5] http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10151270.html

[7] http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10137424.html