El presente informe tiene con énfasis analizar la
problemática de la falta de culturización de la población Colombiana, y la
falta de control las conductas sancionables que atentan contra la transparencia
electoral principalmente en municipios de los departamentos de la Región
Caribe.
En Colombia además de los problemas administrativos en la
seguridad por las conductas sancionables en las elecciones, existe una crisis por falta de educación y
culturización de la sociedad para que participen con un voto a conciencia, y a
la vez participen en la NO permisividad de la compra y venta de votos y contaminación
visual en las campañas políticas.
Con el presente análisis se busca encontrar cuales son
las principales causas por las que los ciudadanos en Colombia, y principalmente
de la región Caribe no se elijen candidatos teniendo en cuenta sus hojas de
vidas, sus antecedentes, y sus
propuestas, sino que eligen principalmente movidos por otros aspectos como la
incentivación ilegal, la compra de votos, el voto forzado, entre otros, dando como
resultado consecuencias nefastas para las administraciones de los departamentos
y ciudades de Colombia.
HIPOTESIS
Desde varios años atrás en Colombia muchas las campañas
políticas han sido financiadas por grupos al margen de la ley, maquinarias políticas montadas lideradas por
personas con antecedentes judiciales , el narcotráfico, entre otras, por varias
razones entre las cuales se podrían resaltar intereses económicos, intereses
contractuales, intereses de poder actuar con plena libertad en el país cuando alguien se encuentra en
curso de actividades ilegales, pero podría decirse que una gran parte de los
que invierten en campañas políticas lo hacen porque creen que pueden en recuperar
inversión a cuesta de robar todo lo que puedan de los recursos públicos en los
próximos 4 años.
Suponiendo que esta hipótesis es real, y esta última
razón es una de las razones principales de la corrupción en las
administraciones públicas, analicemos el siguiente panorama.
Leyes y regulaciones contra delitos e irregularidades
electorales:
- Compra de votos: La compra de votos es el delito se presenta cuando se promete, paga o entrega dinero o cualquier obsequio a un votante para que vote en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. Es una práctica altamente utilizada por las maquinarias políticas en toda Colombia, y actualmente este delito no tiene hoy en día las suficientes herramientas de control en el país. Según información de la ciudadanía recopilada por el Movimiento de Observación Electoral en Marzo del 2010, publicado por Noticias UNO, reveló que en el departamento de Sucre, por un voto para estas elecciones pasadas se pagaban 200 mil pesos, en Arauca se pagan 100 mil pesos, en Magangué 80 mil, En Guaviare, Magdalena y Putumayo 50 mil, En Antioquia 40 mil, en Barranquilla 43 mil, (40 del voto y 3 de transporte). En Cartagena y Barrancabermeja 30 mil, en Risaralda 25 mil, y en Cesar, Chocó, Caldas y Quindío se pagan 20 mil[1]. Se logró hacer una estudio de esta situación y seguramente se puede saber de quienes son los votos comprados, y según el Código Penal Colombiana si existen sanciones y penas contra este delito pero no se ha hecho mucho hasta el momento mucho por ello. El código Penal Colombiano indica que por la compra de votos puede ser sancionada de dos formas: multas y prisión, las multas oscilan entre 133.33 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pena de cárcel puede ser fijada entre 4 años a 7 años y 6 meses para quien compra el voto y entre 1 año y 4 meses y 3 años para quien lo venda[2], sin embargo según las estadísticas del país deberían haber cientos de candidatos sancionados e inhabilitados cada elección, pero no los hay.
- Regulación de Contaminación visual y topes en la financiación electoral: Según la Constitución del 1993, La Constitución reconoce la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin. Además la Ley 130 de 1994, dispone que “ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de si propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares”[3]. En Colombia no se está cumpliendo esto, por otro lado el impacto ambiental que dejan las campañas políticas es algo de lo cual deberíamos preocuparnos más. Se invierten en cada campaña política millones de pesos en publicidad, de carteles, volantes, afiches, además de coutas innecesarias de gases de efecto invernadero que calientan al planeta y contaminan el aire con caravanas de autos, camiones, camionetas. La suma las insostenibles campañas con alto impacto ambiental que ya se están desplegando y que podrían ser mejoradas aplicando las 3R: reducir, reciclar y reglamentar mejor las campañas electorales en materia ambiental[4].
- Constreñimiento al sufragante: Se conoce como el delito de quien utilice las armas o amenace a una persona que está habilitada para votar con el objeto de lograr que éste lo haga en un sentido determinado. Esta práctica es una de las más utilizadas por grupos al margen de la ley y en días recientes por paramilitares y parapolítica para que candidatos corruptos puedan quedar elegidos en las votaciones. Según una noticia del 16 de agosto del presente año, por el periódico EL ESPECTADOR, se conoció que hay 978 municipios en riesgo y van 27 candidatos han sido asesinados, un preocupante panorama se conoció con miras a las elecciones de octubre y el riesgo para los candidatos[5]. Esto solo quiere decir que no hay un garante de seguridad para los candidatos política de oposición a los apoyados por las BACRIM.
- Fraude en la inscripción de cédulas, y poca inscripción de votantes: En Colombia se dan dos cosas, La conducta ilícita en donde por cualquier medio indebido se logre que personas habilitadas para votar inscriban su cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido, residan o trabajen, con el fin de obtener ventaja en una elección popular y por otro lado todavía en varias regiones del país muchas personas no inscriben su cedula a tiempo por lo cual quedan por fuera de la posibilidad de elegir candidatos. Si se alargan los plazos para inscribir las cedulas, generalmente aumentan los inscritos pero también incrementa el número de frades por inscripción de cedulas, y denuncias por trashumancia[6]. Lo que nos lleva a la pregunta que debemos hacer. Una posible solución es la creación de herramientas eficaces que permitan en tiempo real comprobar si la inscripción de la cedula es legal o ilegal. Esto puede ser posible mediante la creación de sistemas de información que permitan identificar los fraudes más comunes que suelen ocurrir con el trámites de las inscripciones de cedulas en diferentes localidades, y multar o penalizar los intentos de fraudes para que los ciudadanos que se presten para este tipo de actividades la piensen 2 veces antes de hacer un intento de fraude.
- Voto
fraudulento: El
delito de voto fraudulento se puede cometer con tres tipos de acciones: a)
Cuando se suplanta a un elector, B) cuando se vota más de una vez o c) cuando
se vota sin tener derecho a hacerlo. La sanción por cometer cualquiera de
estas conductas estará entre 4 y 8 años de prisión según el código penal.
Pero en Colombia tenemos unos antecedentes de alta preocupación con
respecto a este delito. Según un
reporte de EL TIEMPO del 7 de julio del 2009, hubo 33.000 votos
fraudulentos en marzo del 2006 para las votaciones al senado[7]. Con base a esto se
podría decir que la procuraduría, junto con el el
Consejo de Estado son los responsables de verificar los
votos, anular los votos irregulares, y despojar de sus curules a los
senadores, sin embargo estas decisiones posteriores no son
tan eficientes ya que en determinadas ocasiones se han podido dilatar los
procesos, y lo que ha implicado el regreso al Congreso de
candidatos investigados. Por tanto la solución que debería tomar el estado
además de la labor de investigación posterior que siempre se debe hacer,
es incrementar la seguridad en las mesas de votación e implementar
mecanismos de alta tecnología que permitan mejorar la seguridad en las
votaciones y la legitimidad de que el voto es válido o no en tiempo real,
para así poder sancionar a los intentos de voto fraudulento antes de que
estos puedan ser considerados validos.
Adicionalmente
a todo lo anterior le agregamos la falta de educación de las población en
diferentes departamentos del país, entre ellos uno de los principales El
Magdalena, y Choco, lo que constituye un factor de alto impacto para que se dé
la elección de candidatos corruptos, debido a que una población sin educación y
criterio es fácilmente manipulable, nos encontramos en un panorama de alta
preocupación en el país si no se toman de inmediato medidas correctivas.
Teniendo en cuenta el anterior análisis, planteamos las
siguientes propuestas para mejorar la seguridad en las elecciones y la elección
legitima de candidatos por sus meritos y no por sus actividades ilegales:
- Implementar estrategias
en la comunidad para denunciar los delitos y fraudes en las votaciones,
tales como recompensas, o incentivos.
- Desarrollar publicidad en
radio y televisión en donde eduquemos a las personas y los sensibilicemos
de la importancia de elegir un candidato con determinadas características
y cualidades, y no dejarse comprar por incentivos de corto plazo que
terminan teniendo consecuencias graves para todos.
- Implementar herramientas
digitales en las votaciones que permitan mejorar la seguridad en las
votaciones tales como identificación de cedulas invalidas, identificación
de personas con huella digital para la no suplantación de personas, entre
herramientas que la tecnología lo puede permitir hoy en día.
- Mejorar la protección y
seguridad contra testigos de fraude, y candidatos políticos en zonas de
alto riesgo, para prevenir que las BACRIM puedan mediante armas intimidar
a las personas o asesinarlas en caso que no se dejen extorsionar
- Regular de manera
eficiente el gasto presupuestal de las campañas políticas, prohibiendo las
actividades que produzcan un alto impacto en la contaminación visual,
auditiva y ambiental.
- El estado debería estar en la obligación de promover los debates políticos por medio televisivo o radial, publicar las hojas de vidas de candidatos y sus antecedentes políticos en alguna pagina web, e incentivar a la población a tomar decisiones correctas sin caer en favoritismos, sino en actuar bajo el margen de la ley, comunicando los riesgos que pueden tener y penas que podrían pagar en caso de ser encontrados cometiendo un delito electoral.
