El debate
sobre la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,
de prohibir el porte de armas para
disminuir las tasas de homicidios en la capital ha tomado una dimensión
nacional, aún cuando la
Policía reveló que en el 81 por ciento de los asesinatos en el 2011 se usaron
armas de fuego, Sin embargo esta medida tiene un trasfondo, ya que la
mayoría de estos casos fueron con armas ilegales, y se debería revisar bien, si
la medida de prohibir el porte de armas con salvoconducto podría tener algún
efecto en la disminución de los homicidios en el país. El siguiente informe
pretende realizar un análisis profundo de lo que expertos en el tema piensan
sobre esto, que resultados estadísticamente probados pueden mostrar que si
puede haber un efecto positivo en esta medida, o de lo contrario algo negativo
para la seguridad.
Según Expertos
consultados por EL TIEMPO la medida del Alcalde Gustavo Petro podría tiene un
impacto positivo para la reducción de los homicidios, pero sugieren que no debe
ser la única formula, ya que solo funciona como un control exigente, que obliga
a las autoridades a salir a buscar en las calles a personas armadas, y asi se
puede evitar el auge del mercado negro. A parte coinciden varios analistas en
que la medida permitirá que los que tengan armas sean personas que tengan
preparación para usarlas[1].
Sin embargo
según estadísticas del país, la mayor cantidad de crímenes se presentan con
armas ilegales[2],
y los homicidios año tras año han estado en incremento, teniendo en cuenta que las
ventas de armas legales en el país bajaron en el 2011 frente al 2010 en 42%.
Desde al año
2.001 el Ministerio de Defensa viene estudiando la relación entre armas legales
y homicidios. Tomando como base a la ciudad de Bogotá, se llegó a la conclusión
que con las armas legales sólo se cometía un 3,8 % del total de los homicidios.
Siendo que las características del análisis son similares en casi todas las
regiones del País, con pequeñas variaciones, puede afirmarse que en Colombia la
inmensa mayoría de los crímenes son cometidos con armas de fuego ilegales[3].
Por esta razón
vale la pena revisar si las personas con salvoconducto hacen buen uso de estas
armas, y la medida no sirve para nada, de lo contrario, podría empeorar la
situación:
En el año 1999
la Administración Distrital de Antanas Mockus le solicitó, a la oficina de
Control de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa, que con
base en un listado de 732 armas que habían sido utilizadas en la comisión de
homicidios comunes y decomisadas, certificara cuántas tenían salvoconducto. El
resultado fue que 234 armas tenían salvoconducto vigente. Es decir, según este
dato, una de cada tres armas utilizadas en la comisión de homicidios era legal.
Además, como
ha quedado en evidencia en varios artículos periodísticos, muchos de los
esquemas de seguridad de mafiosos, paramilitares y otros delincuentes tienen
armas amparadas por salvoconductos legales, lo cual deja por el piso la idea de
que solo las personas ‘de bien’ tienen armas legales[4].
Es un hecho
además que el guardar armas en la casa, ha sido causante de muchos accidentes y
tragedias en el país.
Sin embargo para otros expertos como
el señor José Felix Lafaurie, el actual presidente de Fedegan, la intención del
Alcalde Petro o del proyecto de ley que el Gobierno piensa llevar al
Legislativo aparece como una solución viable, cuando en realidad deja a los
criminales armados y los ciudadanos expósitos. Las estadísticas que nos muestra
Lafaurie indican que de 1,8 millones de armas adquiridas legalmente, 700 000
perdieron sus permisos, mientras que más de 7 millones pululan ilegalmente y
aparecen comprometidas en la inmensa mayoría de los crímenes.
La situación
tiene un agravante: las armas se consiguen a precio de huevo en un mercado
negro que se alimenta del narcotráfico y el contrabando, operados por mafias
trasnacionales que nadie puede contener y compradores anónimos que difícilmente
se pueden identificar. El propio Navarro Wolf admitió que en Bogotá existen
oficinas de alquiler de armas para delincuentes. Ahí está el almendrón del
problema y no en las armas con salvoconducto[5].
Muchos
expertos también coinciden con el “Negar a los ciudadanos el derecho a portar
armas en un país violento y con altas tasas de criminalidad, es negar uno de
los más sagrados derechos del ser humano: el derecho a la Legítima Defensa”[6].
Diferentes estudios han demostrado pros y contras del porte de armas
legal, entre los pros podemos encontrar un estudio realizado en Estados
Unidos por los expertos Gary y
Klerk que demostró que de 93 millones de ciudadanos con
armas, por lo que un 3% de estas habrían hecho un uso defensivo a lo largo de
un año. El mejor estudio sobre la frecuencia de los usos de armas en el crimen
revela que en 1992 se cometieron unos 554.000 delitos de todo orden en los que
se dio uso de armas para atacar o amenazar a las víctimas. Consecuencia de
ello, los usos criminales de las armas son unas cinco veces inferiores a los
defensivos.[7]
Entre los contras podemos encontrar el estudio realizado por Asociación
Médica Norteamericana que concluyó que una persona armada tiene 42 veces más
posibilidades de matar a algún familiar, conocido o amigo, que quien no está
armado. Un arma en un hogar aumenta 12 veces las posibilidades de accidente, y
solo 4 de cada 100 personas armadas (4%) hacen uso adecuado de su arma frente a
una agresión delincuencial.
A modo de
opinión, con base en los hechos anteriormente analizados, se podría concluir
que la realidad es que el problema real no está en desarmar la población civil,
sino desarmar a los delincuentes, y una nueva ley de control de armas no
debería caer en el error de impedir en la totalidad el derecho a poseer armas
porque vulneraría a aquellas personas que requieren de una protección de
legítima defensa.
Y por otro
lado la imposición de multas no me parece la medida correcta para un desarme
efectivo de civiles, que den buen o mal uso a las armas que poseen, sino más
bien un control mas estricto para la adquisición de armas legales, para que las
personas que las obtengan sean personas que según análisis médicos, y
psicológicos se encuentren aptos para dar un buen uso a estas, tomar medidas
nuevas como las siguientes:
·
Incremento de multas,
y penas a personas con porte de arma legal que realicen uso inadecuado de
estas, tales como porte de arma bajo efectos del alcohol, realizar disparos al
aire, llevar un almacenamiento de baja protección ante el contacto de niños
dentro de las casas, etc.
·
Incrementar las penas
para quienes porten armas no inscritas.
·
Colocar las penas más
altas a quienes arrienden o faciliten armas están o no inscritas.
[3] pag.
23. Fuente: Ministerio de Defensa. Homicidio y control de armas en Colombia,
2.001. Página web www.mindfensa.gov.co
